Nov
24
Asaltadores de caminos
publicado en Reflexiones |
Ayer me sobrevino uno de esos clásicos de la vida urbana: la multa de tráfico. La aparición de las zonas azules supuso en su día la democratización de la sanción y desde entonces ya no es necesario poner en peligro la seguridad propia o ajena; basta con utilizar la vía pública y estacionar, no en un lugar prohibido, sino en uno habilitado para ello, eso sí, por horas. Me llama soberanamente la atención cómo puede la Administración pública, en este caso el Ayuntamiento, alquilar un espacio público a sus propietarios, los ciudadanos, para beneficio de unos pocos o, más bien, para llenar las arcas municipales.
En el origen, se supone que esta zonificación de la ciudad por colores, pues luego llegaron el naranja y hasta el verde, respondía al afán de armonizar la escasez de aparcamientos con las necesidades de los propios vecinos. En realidad, este argumento escondía, como siempre, intereses. Por un lado los de los comerciantes, que se garantizaban así párking sin desembolso alguno por su parte y gracias al esfuerzo del sufrido cliente. Por otro, el de las propias Corporaciones, que han visto en éste el método ideal para recaudar bajo mano lo que no se atreven a reclamar los partidos en las elecciones a través de los impuestos.
Pero, en el colmo de los colmos, los ayuntamientos se han dedicado desde entonces a contratar auténticas brigadas de recaudadores, subcontratando un servicio de vigilancia de éstas zonas, no sea que se escape el negocio. El tema tiene el inconveniente de que el Tribunal Supremo ya ha aclarado que estas denuncias no tienen mayor peso que la que podría interponer cualquier vecino al ver un vehículo mal estacionado y que, por tanto, carecen de carácter probatorio en sí mismas. Sin embargo, muy ladinos ellos, los mandatarios mantienen el sistema y reclaman al vecino la suma, con una notificación en la que se incluye el descuento a modo de disuasión -o amenaza- para los rebeldes. El argumento es claro: nadie va a llegar al contencioso por los cerca de 50 euros de media que cuesta la multa. Pero ahí han pinchado en hueso, al menos conmigo, pues estoy dispuesto a que la aseguradora -para eso pago- interponga cuantos recursos sean necesarios y, una vez agotada la vía de las alegaciones, llegar a pleito y que corra el erario público con los gastos.
Desde aquí animo pues a todos los sufridos contribuyentes a una revuelta cívica que demuestre el enorme gasto de recursos que implicaría llevar estas medidas hasta sus últimas consecuencias, ya que es imposible convencer a sus promotores de la injusticia que conllevan.